Tras el fallo del juez de San Nicolás, impulsan nuevamente un proyecto para convertir los bloqueos sindicales en delito penal
La diputada nacional de La Libertad Avanza, Verónica Razzini, volverá a presentar en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para tipificar como delito penal los bloqueos sindicales. La iniciativa será reformulada luego del fallo del juez Alejandro López, de San Nicolás, quien absolvió al dirigente camionero Maximiliano Cabaleyro y a otros seis imputados por el bloqueo realizado en 2021 contra la distribuidora Rey Distribución.
El nuevo texto propone incorporar al Código Penal sanciones para quienes impidan, obstaculicen o dificulten el acceso a comercios, industrias o establecimientos con el objetivo de obtener un beneficio o provocar un perjuicio. Para los denominados bloqueos directos, el proyecto contempla penas de entre seis meses y tres años y medio de prisión.
La propuesta también incluye una figura para los bloqueos indirectos. En esos casos, se sancionaría a quienes utilicen amenazas o exigencias que excedan los requisitos legales para presionar a proveedores, clientes, prestadores de servicios u otras personas vinculadas con una empresa, con el propósito de afectar su actividad comercial o productiva. Esta conducta podría recibir penas de entre seis meses y tres años de prisión.
El proyecto establece además responsabilidades para los sindicatos, empresas u organizaciones que promuevan o faciliten esas acciones. En esos casos, podrían aplicarse multas equivalentes a entre dos y diez veces el valor de los bienes involucrados, la suspensión parcial o total de actividades, la prohibición de participar en licitaciones estatales y, en situaciones determinadas, la cancelación de la personería jurídica o la pérdida de beneficios otorgados por el Estado.
Razzini cuestionó con dureza la decisión del juez López y sostuvo que el derecho de huelga no puede utilizarse como justificación para cometer delitos. Según la legisladora, la huelga protege la decisión de un trabajador de no presentarse a cumplir tareas, pero no habilita a impedir que otras personas trabajen ni a bloquear establecimientos.
La diputada afirmó que el contenido del nuevo proyecto será similar al que había presentado dos años atrás, aunque modificará sus fundamentos a partir del fallo de San Nicolás. A su entender, la sentencia representa un retroceso frente a decisiones judiciales anteriores que habían condenado bloqueos sindicales y defendido el derecho de propiedad y la continuidad de las actividades productivas.
El debate se suma a las normas laborales impulsadas durante la actual gestión. La Ley Bases ya había considerado a los bloqueos como una falta grave en el ámbito laboral, lo que permite a los empleadores despedir con causa a quienes participen de esas medidas. Además, la Ley de Modernización Laboral incorporó sanciones para quienes provoquen, insten u organicen bloqueos o tomas de establecimientos.
Mientras tanto, entidades empresariales y grupos de pequeñas y medianas empresas impulsan presentaciones contra el juez López ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Las denuncias buscan determinar si el fallo absolutorio puede derivar en responsabilidades que justifiquen el enjuiciamiento y eventual remoción del magistrado.