Preska cerró el juicio por YPF y la Corte Suprema de Estados Unidos deberá decidir si revisa el reclamo de Burford
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska cerró formalmente el expediente en primera instancia del juicio por la estatización de YPF, luego de incorporar las consecuencias del fallo que revocó la condena contra la Argentina. Con esta resolución, la magistrada puso fin a su intervención directa en el caso.
La decisión de Preska acató el fallo emitido por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo dejó sin efecto la sentencia de 2023. En aquella resolución, la jueza había ordenado al Estado argentino pagar más de 16.000 millones de dólares, una cifra que, con los intereses acumulados, llegó a superar los 18.000 millones.
El tribunal de segunda instancia concluyó que Preska había interpretado de manera incorrecta el derecho argentino. Los jueces Denny Chin y Beth Robinson sostuvieron que la legislación local de expropiación impedía que terceros presentaran reclamos capaces de interferir en ese proceso. El juez José Cabranes votó en disidencia.
El litigio se originó en la expropiación de YPF, concretada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Los fondos Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park demandaron a la Argentina al considerar que la operación había vulnerado los derechos de los accionistas minoritarios al no respetar determinadas disposiciones del estatuto de la petrolera.
Burford Capital financió la demanda y adquirió los derechos de los antiguos accionistas. Tras el rechazo del Segundo Circuito a revisar el fallo en una instancia plenaria, el fondo presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos un pedido para que analice el caso.
El recurso, conocido como certiorari, no obliga al máximo tribunal estadounidense a intervenir. La Corte debe decidir primero si acepta revisar la sentencia de la Cámara de Apelaciones, y no existe un plazo determinado para que se pronuncie. La complejidad del expediente y sus antecedentes hacen difícil anticipar cuándo podría conocerse una decisión.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación señalaron que el cierre formal dispuesto por Preska era un paso procesal esperado y que no implica el final definitivo de la disputa. El organismo afirmó que continuará defendiendo los intereses del Estado argentino ante las instancias que correspondan.
En paralelo, Burford Capital también inició acciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial. Ese procedimiento fue promovido en representación de las sociedades Petersen y constituye otra vía dentro de la extensa batalla judicial vinculada con la expropiación de YPF.