Crearon programas para avanzar en la implementación del Régimen Penal Juvenil y combatir la ciberdelincuencia
El Gobierno nacional creó dos programas destinados a fortalecer la política criminal frente a la ciberdelincuencia y avanzar en la implementación del Régimen Penal Juvenil. Las iniciativas fueron formalizadas mediante las Resoluciones 483/2026 y 484/2026, publicadas este viernes en el Boletín Oficial y firmadas por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Una de las medidas establece el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital, denominado PRONACIB. El organismo tendrá entre sus principales funciones la preservación, el análisis y la utilización de pruebas digitales en investigaciones judiciales.
Además, el programa abordará la ciberseguridad aplicada a las pesquisas penales, el seguimiento de activos virtuales y el impacto de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes en las nuevas modalidades delictivas. La iniciativa busca adaptar las herramientas del sistema de justicia a delitos que requieren conocimientos técnicos específicos.
El PRONACIB también podrá organizar mesas de trabajo con organismos públicos, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad, empresas y otros actores del sector privado. Estos espacios estarán orientados a mejorar la cooperación y el intercambio de información en investigaciones vinculadas con delitos cometidos mediante medios digitales.
La segunda resolución puso en marcha el Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, que funcionará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal. La conducción estará a cargo de un coordinador, responsable de supervisar las acciones y las líneas de trabajo previstas.
Entre sus objetivos se encuentra impulsar la aplicación del régimen en la Justicia nacional, ordinaria y federal. También contempla la capacitación de los operadores que intervienen en el fuero, la elaboración de estadísticas y la coordinación con las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y distintas áreas del Poder Ejecutivo.
La normativa incorpora, además, medidas de asistencia integral para las víctimas de delitos cometidos por adolescentes alcanzados por el régimen. En ese marco, el programa trabajará junto con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia para facilitar orientación, derivaciones, acceso a servicios y, cuando corresponda, patrocinio jurídico gratuito.
Por último, el ministro de Justicia dispuso que el programa brinde apoyo al Comité Interministerial y a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil. Ambos espacios tendrán un papel central en la coordinación de las políticas necesarias para la puesta en funcionamiento del nuevo esquema.