Entró en vigencia la ley que bajó la edad de imputabilidad a 14 años: los detalles
La Ley 27.801, que crea el nuevo Régimen Penal Juvenil y baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, entró en vigencia este sábado en todo el país, tras cumplirse los 180 días desde su publicación en el Boletín Oficial. La norma reemplaza definitivamente al régimen de menores de 1980 y establece que los adolescentes de entre 14 y 18 años serán sometidos a un sistema de juzgamiento específico, distinto al de los adultos, pero con consecuencias penales efectivas. A partir de ahora, cualquier delito tipificado en el Código Penal o en leyes especiales podrá ser imputado a personas desde los 14 años, sin exigencia de un umbral mínimo de gravedad.
El nuevo régimen fija un techo de hasta 15 años de prisión para los delitos más graves cometidos por adolescentes, y mantiene el principio de que la privación de libertad debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible. Para delitos menos graves, la ley prevé un abanico de sanciones alternativas al encierro, que incluyen amonestaciones, trabajos comunitarios, prohibiciones de conducir vehículos y medidas de reparación a las víctimas. La normativa también establece estándares específicos para los lugares de detención juvenil: separación estricta de adultos, acceso obligatorio a educación, atención sanitaria y programas de reinserción social.
La entrada en vigencia de la Ley 27.801 se produce en medio de un fuerte debate político y social. El Gobierno nacional presentó la baja de la edad de imputabilidad como un cambio “estructural” en el sistema penal y la calificó como un acto de justicia hacia la sociedad, bajo la consigna “delito de adulto, pena de adulto”. Desde el oficialismo se destacó que, según su visión, quienes tienen capacidad para comprender la gravedad de sus actos deben asumir la responsabilidad penal sin excepciones, y que el nuevo esquema viene a reemplazar un régimen considerado obsoleto, vigente desde la última dictadura.
La ley fue aprobada tras un intenso trámite parlamentario. Primero obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, con 149 votos a favor y 100 en contra, en una sesión que se extendió por más de ocho horas. Luego fue convertida en ley por el Senado, que la avaló con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención. Finalmente, el Poder Ejecutivo la promulgó mediante el Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial el 9 de marzo, y se fijó un plazo de 180 días para su entrada en vigencia, que se cumple este 5 de septiembre.
Organismos de derechos humanos, especialistas en infancia y sectores de la oposición cuestionaron la reforma por considerar que criminaliza aún más la adolescencia y que la baja de la edad de imputabilidad vulnera estándares internacionales de protección de menores. También advirtieron sobre el riesgo de que el sistema termine reproduciendo las lógicas del encarcelamiento adulto en población juvenil si no se garantiza efectivamente el carácter excepcional del encierro, las condiciones de detención adecuadas y políticas integrales de inclusión social. Pese a las críticas, la ley ya está vigente y abre una nueva etapa en el tratamiento penal de adolescentes de 14 a 18 años en Argentina, con un régimen específico que combina penas de prisión, medidas alternativas y un marco institucional diferenciado del sistema de adultos.