Los senadores cobrarán más de $13 millones a partir de enero de 2027
En medio de un nuevo acuerdo paritario entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos, las dietas de los senadores nacionales volverán a pegar un salto a partir de enero de 2027, consolidando una trayectoria de incrementos que ya los había ubicado por encima de los 11 millones de pesos brutos en 2026. El entendimiento fija una actualización escalonada sobre el valor del módulo salarial al que están “enganchados” los haberes de los legisladores, lo que proyecta que, con la entrada del nuevo año, cada senador pasará a cobrar una cifra que superará ampliamente los 13,1 millones de pesos brutos mensuales, según cálculos internos del propio Senado. Ese monto no incluye las retenciones por aportes jubilatorios, obra social ni el Impuesto a las Ganancias, que recortan de manera significativa el ingreso de bolsillo.
El esquema de remuneraciones de los senadores se mantiene atado al sistema de módulos que rige para el personal del Congreso y que fue consagrado por una resolución votada en el recinto en 2024. Desde entonces, la dieta básica equivale a 2.500 módulos, a lo que se suman 1.000 módulos por gastos de representación y otros 500 módulos por desarraigo para quienes viven lejos de la Ciudad de Buenos Aires. Ese diseño fue el mismo que, con las sucesivas paritarias de 2025 y 2026, llevó primero las dietas a unos 9,5 millones de pesos brutos, luego a alrededor de 11,8 millones y, tras los últimos ajustes sobre el valor de cada módulo, finalmente proyecta el salto por encima de los 13 millones en el inicio de 2027.
El nuevo incremento se inscribe en una dinámica que ya había generado fuertes polémicas en los últimos años. En 2024, los senadores aprobaron la resolución que triplicó sus haberes y los llevó a cerca de 8 millones de pesos brutos, bajo el argumento de equiparar sus salarios con los del resto del personal legislativo y de recuperar lo perdido frente a la inflación. Las posteriores paritarias, negociadas por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de Diputados Martín Menem con los gremios del Congreso, dispararon aumentos automáticos para los legisladores. Cada vez que se actualiza el módulo salarial de los trabajadores del Parlamento, la dieta de los senadores se recalcula en forma directa, sin necesidad de votaciones específicas y al margen de las discusiones públicas sobre el ajuste del gasto.
La mecánica de enganche también tensiona con el marco legal más amplio que pretende poner un techo a las remuneraciones de las máximas autoridades del Estado. Un decreto vigente indica que los sueldos del presidente, vicepresidente, jueces de la Corte Suprema, senadores y diputados no pueden superar veinte salarios mínimos, vitales y móviles por todo concepto. Con el salario mínimo fijado en 272 mil pesos en septiembre de 2024, ese límite teórico sería de unos 5,4 millones de pesos mensuales. Sin embargo, la combinación de módulos por dieta, representación y desarraigo, sumada a la incorporación de una “dieta número 13” que funciona como equivalente del aguinaldo, deja a los senadores muy por encima de ese parámetro y alimenta el debate sobre la compatibilidad entre la normativa y la práctica efectiva en el Congreso.
Mientras el Ejecutivo insiste en la retórica de la “motosierra” y el ajuste del gasto público, el aumento que empezará a regir en enero de 2027 consolida a los senadores como algunos de los funcionarios mejor remunerados del país y de la región. Distintos relevamientos los ubican en el pelotón de legisladores con ingresos brutos más altos de América Latina, especialmente aquellos que aceptaron todos los adicionales previstos por el nuevo esquema. El contraste con las jubilaciones mínimas, los salarios promedio del sector privado y el deterioro del poder adquisitivo de la mayoría de los trabajadores acentúa el malestar social frente a cada suba en el Congreso. Con las dietas camino a superar los 13,1 millones de pesos brutos al comenzar 2027, la discusión sobre el nivel de ingresos de los representantes y su relación con la realidad económica del resto de la población promete seguir ocupando un lugar central en la agenda política.