Los Kovalivker rechazaron las acusaciones y pidieron anular la causa, aunque no respondieron preguntas
Los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y exvicepresidente de la droguería Suizo Argentina, rechazaron las acusaciones en su contra en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ambos se presentaron ante la Justicia, pero optaron por no responder preguntas y entregaron extensos escritos en los que expusieron sus argumentos de defensa.
Las declaraciones indagatorias se realizaron ante el Juzgado Federal N.º 11, subrogado por el juez Ariel Lijo. En sus presentaciones, los empresarios negaron haber integrado una asociación ilícita, participado en maniobras de defraudación contra el Estado o mantenido negociaciones incompatibles con la función pública.
Uno de los principales argumentos de sus defensas es que la fiscalía les atribuye responsabilidades por los cargos jerárquicos que ocupaban dentro de la compañía, sin identificar acciones concretas que los vinculen con las operaciones investigadas.
Jonathan Kovalivker, presidente de la droguería, sostuvo que no existen órdenes, firmas, comunicaciones ni reuniones que demuestren su participación directa en las maniobras denunciadas. También afirmó que los elementos secuestrados durante los allanamientos, entre ellos teléfonos, documentación contable y registros de visitas, no contienen instrucciones o mensajes que lo comprometan.
Por su parte, Emmanuel Kovalivker planteó que tampoco tuvo intervención en las operaciones comerciales con la ANDIS. Explicó que durante sus años en la empresa estuvo vinculado principalmente con áreas de producción, logística y tecnología, y negó haber participado en la fijación de precios, cotizaciones o ventas a organismos públicos.
En relación con las conversaciones encontradas en su teléfono celular, sostuvo que corresponden a intercambios de 2023 vinculados con un proyecto comercial que finalmente no prosperó y que, según su versión, no tenía relación con la agencia estatal.
Otro de los argumentos presentados por los empresarios apunta al volumen de negocios entre Suizo Argentina y la ANDIS. Según los datos incluidos en sus descargos, la facturación con el organismo representó el 2,14% de las ventas de la compañía en 2023, el 4,22% en 2024 y el 3,14% entre enero y octubre de 2025. Con esas cifras buscaron cuestionar la hipótesis de que la droguería hubiera controlado las compras de medicamentos de alto costo.
Además, las defensas solicitaron que se declare la nulidad de la investigación. Cuestionaron especialmente el origen de los audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, al considerar que fueron obtenidos de manera ilícita y que podrían presentar indicios de manipulación o edición. También reclamaron que se dejen sin efecto las medidas judiciales derivadas de ese material y que se levante la inhibición general de bienes que pesa sobre Jonathan Kovalivker.
La fiscalía, por su parte, sostiene una hipótesis diferente. Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, describieron un presunto esquema de corrupción que habría involucrado a funcionarios del organismo y empresarios del sector farmacéutico.
Según la acusación, Suizo Argentina habría tenido un papel central en las compras de medicamentos e insumos de alto costo destinados a beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud. Los investigadores sostienen que la droguería habría recibido información anticipada sobre las compulsas de precios, intervenido en las adjudicaciones y coordinado operaciones con otras empresas para simular competencia.
El dictamen fiscal atribuye a la compañía adjudicaciones por más de $137.118 millones entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Para los investigadores, el mecanismo habría permitido direccionar contrataciones y generar sobreprecios en perjuicio del Estado.
En ese contexto, Jonathan Kovalivker está señalado como presunto jefe de una asociación ilícita, mientras que a su hermano Emmanuel se le atribuye haber formado parte de esa estructura.
Tras las indagatorias, será el juez Ariel Lijo quien deberá resolver la situación procesal de ambos empresarios. Entre las alternativas se encuentran el procesamiento, el sobreseimiento o el dictado de falta de mérito.