Kicillof calificó de infame el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras
El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó duramente a la Corte Suprema de Justicia luego de que el máximo tribunal revocara la derogación de la Ley de Tierras dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. A través de sus redes sociales, calificó la resolución como «el fallo de la infamia» y sostuvo que sus consecuencias son «gravísimas» para la soberanía nacional y la voluntad popular.
Kicillof afirmó que la decisión judicial se produjo después de que el Gobierno nacional retirara del Congreso una iniciativa destinada a modificar la normativa sobre la propiedad de tierras rurales. Según explicó, el proyecto no contaba con los votos necesarios en el Senado y fue retirado tras las movilizaciones de miles de personas que se pronunciaron contra la posibilidad de una mayor apertura a la adquisición de territorio argentino.
«Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial», sostuvo el gobernador. En ese sentido, acusó al oficialismo de intentar avanzar por otra vía con un objetivo que, según su interpretación, permitiría «legalizar la entrega y el saqueo» de tierras nacionales.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte consideró que no existía una controversia judicial válida porque, a su entender, no estaba configurado un derecho de incidencia colectiva relacionado con un bien colectivo de soberanía. Con ese argumento, el tribunal dejó sin efecto la decisión que había cuestionado la derogación de la Ley de Tierras.
La resolución también generó el rechazo del Centro de ExCombatientes de las Islas Malvinas (CECIM). La organización cuestionó que la Corte haya considerado que no existía un bien jurídico vinculado con la soberanía y sostuvo que el tribunal terminó resolviendo el problema político generado por el Gobierno de Javier Milei tras la publicación del DNU 70/23.
En un comunicado, el CECIM señaló que el máximo tribunal no analizó de manera sustancial los argumentos presentados contra la derogación de la ley, sino que concentró su decisión en determinar que la organización carecía de legitimación para impulsar el reclamo. Para los excombatientes, esa interpretación impidió discutir el impacto de la medida sobre el territorio y los intereses estratégicos del país.