La Justicia bonaerense frenó la privatización de AySA y remitirá el expediente al fuero federal
La Justicia bonaerense puso un freno decisivo al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) impulsado por el Gobierno nacional, al confirmar una medida cautelar que impide cualquier modificación que pueda afectar la prestación del servicio de agua y cloacas en el conurbano bonaerense. La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que convalidó en todos sus términos el fallo de primera instancia originado en una demanda del defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino. Con este pronunciamiento, la empresa queda obligada a mantener intactas sus obligaciones vinculadas al acceso al agua potable, la salud pública y la protección ambiental en los 26 municipios donde actualmente opera.
El tribunal, integrado por los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez, sostuvo que en el contexto del proceso de privatización y del nuevo contrato de concesión firmado en mayo, resulta imprescindible garantizar que no haya retrocesos en los estándares de calidad del servicio para los usuarios. La Cámara ratificó que AySA tiene prohibido reducir, limitar, suspender o alterar las condiciones de prestación, aun cuando avance la transferencia de la operación a un actor privado. De este modo, la cautelar se configura como un cerrojo jurídico que busca evitar que la reestructuración societaria se traduzca en recortes de inversiones, deterioro de la infraestructura o restricciones en el acceso al agua segura para millones de habitantes del área metropolitana.
Si bien la decisión no bloquea formalmente la venta de la compañía ni deja sin efecto el proceso licitatorio en curso, sí clausura la posibilidad de aplicar cláusulas del nuevo contrato que impliquen un empeoramiento en la protección de derechos básicos. Los magistrados remarcaron que el servicio de agua y saneamiento tiene una incidencia directa en la salud y el ambiente, y que cualquier cambio debe ser evaluado bajo estrictos parámetros de prevención de daños. En ese sentido, la resolución actúa como un límite preventivo: la privatización podrá seguir su curso, pero el eventual operador privado tendrá que ajustarse a los mismos estándares sanitarios y ambientales vigentes, sin margen para degradar las condiciones de prestación.
Otro aspecto central del fallo es la cuestión de la competencia judicial. La Cámara decidió que el expediente sea remitido al fuero federal para la continuación del trámite, al considerar que el litigio involucra la interpretación del marco regulatorio nacional de los servicios de agua y cloacas y la participación accionaria mayoritaria del Estado en AySA. La derivación al ámbito federal supone que será un juzgado con jurisdicción sobre cuestiones federales el que deba pronunciarse, en adelante, sobre la validez del proceso de privatización, la constitucionalidad de las normas que lo sostienen y el alcance de las obligaciones del futuro concesionario respecto de los usuarios del servicio.
Con la causa ahora en manos de la Justicia federal, el escenario que se abre es de mayor incertidumbre para los planes del Gobierno nacional, pero de mayor resguardo para los usuarios. Mientras se define qué juzgado intervendrá y cómo continuará el expediente, la cautelar bonaerense sigue en vigor y condiciona la estrategia oficial: cualquier operador privado que eventualmente se haga cargo de AySA deberá respetar sin atenuantes las exigencias de calidad, continuidad y universalidad del servicio. En los hechos, la resolución obliga a que la transición societaria se realice bajo la premisa de que el acceso al agua potable y a un saneamiento adecuado no puede ser sacrificado en nombre de la rentabilidad, preservando así las garantías esenciales de los habitantes del conurbano bonaerense.