Coimas en Discapacidad: qué dejaron al descubierto los chats de la causa ANDIS
La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos elementos a partir del análisis de chats y audios intercambiados entre funcionarios, empresarios y lobistas vinculados con droguerías proveedoras del Estado. Según la causa, esas comunicaciones revelarían un esquema de coordinación destinado a manipular licitaciones, acordar pagos y favorecer a determinadas empresas en la compra de medicamentos de alto costo.
La Cámara Federal porteña valoró los mensajes al confirmar los procesamientos de 19 personas acusadas de integrar una organización dedicada al pago de sobornos, la aplicación de sobreprecios y el direccionamiento de contrataciones. Entre los imputados se encuentran exfuncionarios de la ANDIS, empresarios y operadores privados relacionados con el programa Incluir Salud.
De acuerdo con la resolución judicial, los intercambios permitirían reconstruir la forma en que se habría intervenido en distintas etapas de los procesos de compra. Las conversaciones aludirían a órdenes para incorporar o excluir empresas de las compulsas, demorar pagos, anticipar cotizaciones y definir adjudicaciones por fuera de los canales administrativos habituales.
Uno de los diálogos considerados relevantes por los magistrados fue el mantenido entre Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Diego D’Giano, quien se desempeñó como director de Prestaciones Médicas de la ANDIS. Para los investigadores, esos contactos formarían parte de una trama más amplia de comunicaciones entre funcionarios públicos y representantes del sector privado.
La resolución también ubica a Miguel Ángel Calvete como uno de los presuntos articuladores del esquema desde el ámbito empresarial. La Justicia analiza su supuesto papel como intermediario entre proveedores, funcionarios y otros actores que habrían participado en la definición de compras y pagos.
Entre los mensajes incorporados al expediente aparece además un intercambio entre Patricia Canavesio y Calvete relacionado con una factura emitida por la empresa Indecomm para la compra de muebles y con la entrega de dinero en efectivo. Ese diálogo fue interpretado por los investigadores como un indicio de la existencia de pagos que no quedarían reflejados de manera transparente en la documentación comercial.
Los jueces consideraron que los chats, audios, documentos secuestrados y pericias sobre teléfonos celulares respaldarían la hipótesis de que un grupo reducido de compañías recibía información anticipada sobre licitaciones, ofertas y desembolsos. Esa ventaja habría permitido orientar las contrataciones y limitar la competencia entre los proveedores.
La investigación continúa abierta y busca determinar el alcance de la estructura, el destino de los fondos y la eventual responsabilidad individual de cada acusado. Los procesamientos confirmados por la Cámara Federal no constituyen una condena, pero establecen que existen elementos suficientes para que los imputados continúen vinculados al proceso mientras avanza la causa.