Quiebra una algodonera ligada a Vicentin con una deuda superior a USD 260 millones y 350 empleos en riesgo
La Justicia de Santa Fe decretó la quiebra de Algodonera Avellaneda, una empresa textil vinculada a la familia Vicentin, luego de que fracasaran las negociaciones con sus acreedores y no surgieran interesados en el proceso de salvataje. La compañía mantiene una deuda superior a los USD 260 millones y emplea a unas 350 personas.
La resolución judicial puso fin a una etapa de concurso preventivo iniciada en 2024, durante la cual la empresa intentó alcanzar un acuerdo para reestructurar sus obligaciones. Sin embargo, no logró reunir las mayorías necesarias para aprobar la propuesta presentada a sus acreedores.
El Banco Nación, principal acreedor de Algodonera Avellaneda, concentraría más del 80% del pasivo verificado y rechazó las alternativas de pago por considerarlas insuficientes. Según los montos consignados en el expediente, la entidad reclama USD 260.791.600,40 y $1.585.782.428,89.
Una parte significativa de la deuda se originó en garantías otorgadas por Algodonera Avellaneda en respaldo de obligaciones de Vicentin, la agroexportadora vinculada a integrantes de la misma familia. La falta de acuerdo con el banco y la ausencia de oferentes llevaron al juez Lorenzini a declarar la quiebra indirecta de la sociedad.
La empresa tiene su principal planta industrial en Reconquista, Santa Fe, además de dos establecimientos dedicados al desmote de algodón ubicados en Chaco y Santiago del Estero. La declaración judicial abrió una nueva etapa orientada a la liquidación de la compañía o a la venta de sus unidades productivas.
Pese al fallo, la Justicia no ordenó el cierre inmediato de las instalaciones. El juez solicitó a la sindicatura que evalúe si resulta conveniente mantener temporalmente la explotación de la empresa, con el objetivo de preservar su valor y analizar alternativas para su continuidad.
El futuro de los aproximadamente 350 a 360 trabajadores constituye uno de los principales interrogantes del proceso. Los empleados atravesaron meses de dificultades para percibir sus salarios y ahora enfrentan la incertidumbre sobre la continuidad de sus puestos.
La eventual permanencia de las operaciones podría permitir conservar parte de los empleos durante el trámite de liquidación. No obstante, esa posibilidad dependerá de la evaluación económica de la firma, de las condiciones legales y de la existencia de una alternativa viable para sostener la actividad productiva.