El Gobierno porteño anticipó el debate legislativo para reformar el Código Contravencional y definir las posturas políticas
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adelantó el debate legislativo sobre la reforma integral del Código Contravencional, una iniciativa impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que propone endurecer las sanciones y ampliar el listado de conductas consideradas contravenciones.
El proyecto, enviado a la Legislatura porteña, modifica la Ley 1.472, que establece el Código Contravencional, y la Ley 12, vinculada con el procedimiento para aplicar las penas. La propuesta contempla cuatro ejes principales: la reducción de la edad de responsabilidad, la incorporación de nuevas faltas, el aumento de las sanciones y la eliminación de algunos mecanismos alternativos al cumplimiento de las penas.
Uno de los cambios centrales establece un régimen específico para adolescentes de entre 14 y 17 años. La iniciativa busca adaptar la normativa porteña a las nuevas disposiciones nacionales sobre justicia penal juvenil, aunque prevé condiciones diferenciadas para los menores, como la prohibición de detenerlos y la obligación de garantizarles defensa especializada.
El texto también incorpora contravenciones relacionadas con delitos y maniobras digitales, como el phishing, los deepfakes y la manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o transporte. Además, contempla sanciones para el acoso callejero, el acecho, la organización de ventas informales masivas, la interferencia de señales y la portación de elementos destinados a provocar disturbios.
Las multas y los arrestos previstos aumentarían de manera considerable. Para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, las sanciones podrían ubicarse entre 1.000 y 6.000 unidades fijas, con un máximo superior a los 7 millones de pesos. También se plantea un arresto de entre cinco y 30 días y la inhabilitación para conducir por un período de seis meses a cuatro años.
En el caso de la venta ilegal y otras actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, el proyecto fija multas de hasta 50.000 unidades fijas, equivalentes a más de 58 millones de pesos. Para los llamados trapitos reincidentes, en tanto, se prevén penas de hasta 90 días de arresto bajo las condiciones establecidas por la iniciativa.
La reforma propone, además, un sistema más severo para los reincidentes. Las sanciones aumentarían un 50% ante la primera reincidencia, un 66,6% ante la segunda y podrían duplicarse en la tercera. El concepto de reincidencia también se ampliaría, ya que no sería necesario repetir exactamente la misma falta: bastaría con incurrir nuevamente en una conducta similar dentro del espacio público.
En el plano procesal, el proyecto elimina la condena en suspenso y suprime para los adultos la suspensión del proceso a prueba, conocida como probation. El plazo general de prescripción de la acción contravencional, sin embargo, permanecería en dos años.
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, sostuvo que la discusión en la Legislatura permitirá definir con claridad la posición de cada bloque frente a la iniciativa. El proyecto comenzará ahora su recorrido parlamentario, donde el oficialismo deberá reunir los votos necesarios para avanzar con los cambios propuestos.