El Gobierno recurrirá por novena vez un fallo que respalda la Ley de Financiamiento Universitario
El Gobierno nacional apelará una resolución judicial que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que el juez federal Martín Cormick declarara inconstitucional un apartado del decreto que condicionaba la ejecución de la norma.
La decisión fue adoptada en el marco de dos amparos acumulados, promovidos por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires. En su fallo, el magistrado sostuvo que el Poder Ejecutivo no podía suspender los efectos de una ley que había sido aprobada por el Congreso y ratificada después del veto presidencial.
La Ley 27.795 había sido sancionada en agosto de 2025 y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei. Sin embargo, ambas cámaras legislativas insistieron con el proyecto y reunieron los dos tercios de los votos necesarios para dejar sin efecto el veto, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional.
Tras esa ratificación parlamentaria, el Ejecutivo promulgó la norma, pero dictó el Decreto 759/2025, que supeditó su aplicación a la identificación de partidas presupuestarias específicas. Para Cormick, esa condición terminó neutralizando una ley que ya había sido confirmada por el Congreso y excedió las facultades del Gobierno.
El fallo ordena al Estado nacional aplicar de inmediato la legislación y dictar las normas reglamentarias necesarias para ponerla en funcionamiento. Entre sus disposiciones se encuentran la actualización de los salarios de docentes y no docentes, la recomposición de programas estudiantiles y medidas destinadas a fortalecer el financiamiento de las universidades públicas.
La resolución se suma a una serie de decisiones judiciales adversas para el Gobierno. En diciembre de 2025, el mismo juez había dictado una medida cautelar a favor del sistema universitario, posteriormente confirmada por la Cámara Federal. En junio de 2026, la Corte Suprema dejó firme esa medida, aunque aclaró que se trataba de una decisión provisoria mientras continuaba el análisis de fondo.
En septiembre, Cormick volvió a intimar al Poder Ejecutivo a cumplir con la cautelar, luego de rechazar una apelación oficial, y le otorgó un plazo de cinco días bajo apercibimiento de imponer multas. Con la nueva sentencia, el magistrado avanzó sobre la cuestión principal y declaró directamente la inconstitucionalidad del decreto en el punto cuestionado.
El Gobierno anunció que recurrirá la decisión ante instancias superiores. La apelación prolongará la disputa judicial entre el Ejecutivo y las universidades nacionales, que reclaman el cumplimiento integral de una ley aprobada por el Congreso y cuestionan el ajuste presupuestario aplicado al sistema universitario.