Milei decretó un salario mínimo por debajo de la línea de indigencia
El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo esquema para el Salario Mínimo, Vital y Móvil que, lejos de garantizar un piso de dignidad, queda incluso por debajo de la línea de indigencia medida por la canasta básica alimentaria. El cronograma establece un incremento escalonado que llevará el haber mínimo desde los 376.600 pesos actuales a 383.800 pesos en septiembre, 391.200 en octubre, 398.800 en noviembre y 437.000 pesos en abril de 2027. Sin embargo, esos montos quedan muy lejos de los 708.016 pesos que, según la canasta básica alimentaria, necesita hoy una familia tipo para no caer en la indigencia, y representan apenas una fracción de la canasta básica total, que ya supera ampliamente el millón y medio de pesos.
La decisión fue tomada de manera unilateral por el Poder Ejecutivo, sin acuerdo con los sindicatos ni las organizaciones de trabajadores que participan del Consejo del Salario, instancia que quedó reducida a un trámite formal. En las últimas reuniones, los gremios habían reclamado llevar el salario mínimo a un valor que, al menos, se acercara a la canasta básica total para evitar que el ingreso de los trabajadores formales siguiera licuándose. Esos planteos fueron desoídos y el Gobierno aplicó su propio esquema, con aumentos mensuales modestos y decrecientes, que consolidan el deterioro del poder adquisitivo.
El contraste con la situación de años anteriores es contundente. A mediados de la década pasada, el salario mínimo llegó a cubrir más de una vez y media la canasta básica alimentaria y alrededor del 60 por ciento de la canasta básica total. Hoy, en cambio, el haber mínimo se ubica en torno a la mitad de la canasta de indigencia y a cerca de una cuarta parte de la canasta de pobreza, lo que implica una caída histórica del ingreso de quienes se encuentran en la base de la pirámide laboral. Distintos informes de centros de estudios ligados al movimiento sindical advierten que, para recuperar el poder de compra de 2017, el salario mínimo debería superar ampliamente el millón de pesos.
La medida golpea de lleno a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables, pero también impacta en una amplia red de beneficios y programas que utilizan el salario mínimo como referencia. Planes sociales, prestaciones por desempleo, becas y algunos convenios colectivos se indexan a este piso, de modo que la fijación de un valor tan bajo arrastra hacia abajo a todo el entramado de protección social. En paralelo, el Gobierno justifica la decisión en nombre del “ordenamiento” y la “competitividad”, mientras mantiene congeladas o a la baja otras variables clave del mercado laboral, como las paritarias y las contribuciones patronales.
En el terreno político, la definición de un salario mínimo por debajo de la indigencia reavivó las críticas de la oposición y de las centrales sindicales, que denuncian una política deliberada de licuación de ingresos para ajustar sobre los sectores populares. Dirigentes gremiales advierten que el nuevo esquema consolida un modelo de trabajadores pobres, que aun con empleo registrado no logran cubrir sus necesidades básicas. Organizaciones sociales, por su parte, reclaman la inmediata reapertura del Consejo del Salario con participación real y la fijación de un piso que, como mínimo, permita superar la línea de indigencia y avanzar hacia un nivel compatible con la canasta de pobreza.